Educación para la participación social y la democracia

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA DEMOCRACIA: NOTAS PARA EL DEBATE

 

Por Javier Brown César

 

Cátedra Paulo Freire

 

Entender la democracia y la participación es en cierta forma adentrarnos en lo que entendemos por ciudadanía, lo que a su vez requiere, en cierta forma, comprender el surgimiento de una categoría social de carácter revolucionario. El concepto de ciudadano es ante todo una conquista político-intelectual: por el lado político, resulta de una especie de desdoblamiento del poder público en dos ámbitos diferenciables en el análisis pero inseparables en la realidad: el poder de la organización estatal frente al poder del ciudadano; por el lado intelectual, resulta de una construcción mental que define una cierta forma de existir en la ciudad. La forma inicial que asumió la ciudadanía fue propiciada por la democracia griega, pero la emergencia de la ciudadanía en la polis griega se enfrentaba a contradicciones que resultaban tanto de la organización estratificada, como de la cerrazón de la comunidad ateniense.

 

Dos formas de segregación se daban en la polis griega que dificultaban la cabal realización de un ideal ciudadano incluyente y no excluyente, como sería concebido muchos siglos después (el ciudadano como igual a otros, libre como otros y vinculado a otros por lazos fraternales): por un lado, la división en estratos sociales implicaba que muchas personas “maduras” quedaban excluidas de los privilegios ciudadanos, así, Aristóteles podía argumentar en su política que había personas que naturalmente habían nacido para ser esclavos y para obedecer (las mujeres); por otro lado, los atenienses cultos se autosegregaban de los bárbaros circundantes, constituyendo una comunidad política cerrada a la que típicamente se entraba con el nacimiento, bajo cierta condición de género (hombres) y clase (hombres libres), y de la cual se salía con la muerte o por ostracismo; resultaba así la fórmula de la exclusión griega: ciudadano es aquel no-bárbaro, no-mujer y no-esclavo.

 

Sin embargo, Aristóteles enunció una definición de ciudadano que no carece de interés: ciudadano es aquel que puede participar en el poder público. Este concepto de ciudadano da una definición que apunta ya a un concepto inclusivo de ciudadanía: cualquiera, en tanto que sea concebido como ciudadano, puede llegar a ocupar un cargo público; de esta forma, la esfera pública y privada quedan entrelazadas significativamente. De entrada, esto implica que la separación entre lo público y lo privado es meramente artificial y que no existen barreras nítidas: si los individuos privados pueden acceder al ejercicio del poder de la cosa pública, entonces lo privado puede hacerse público. Aquí vale apuntar sólo una consecuencia de la frase “lo privado puede hacerse público”: los intereses de las minorías pueden prevalecer sobre los intereses de las mayorías (aunque también puede darse el caso de la opresión de las minorías por las mayorías); nos encontramos frente a uno de los primeros problemas de la práctica ciudadana.

 

La Revolución Francesa no sólo significó la caída de la monarquía y la emergencia de la clase burguesa, sino ante todo, la constitución de una esfera privada. El concepto de esfera privada surge en los filósofos ilustrados como una reivindicación del derecho de personas no vinculadas al poder estatal, para poseer propiedades a título legítimo y poder realizar transacciones comerciales con otras personas privadas. El derecho podía entonces concebirse como el garante de una esfera de acción privada que pudiera transcurrir libremente, guiada solamente por los intereses de la propia esfera privada. La imagen de una esfera de acción (empresa, comercio, intercambio e intermediación) privada autónoma encuentra su más clara expresión en la idea de la mano invisible de Adam Smith.

 

El ideal liberal de un mercado de bienes y servicios que transcurriera sin interferencias estatales es sólo una de las muchas formas de reivindicar una esfera de libertad para agentes privados. La Revolución Francesa también vindicaría ideológicamente la igualdad y la reciprocidad solidaria (fraternidad). Pero, el problema que ha estado en el aire desde entonces es: ¿cómo garantizar que esta igualdad no sea meramente formal, que la libertad no sea una apariencia y que la fraternidad no devenga complicidad o sectarismo? La ilustración dejó problemas no resueltos respecto a la concepción de la ciudadanía, que con la experiencia del siglo recién transcurrido aparecen con toda fuerza en el concepto de formación de la ciudadanía para la democracia: ¿qué significa esta idea? ¿Por qué es necesario formar para la democracia? ¿Por qué debe defenderse a la ciudadanía y garantizar su consolidación?

 

Desde los tiempos del Derecho Romano se puede apuntar ya a un concepto puramente legalista de ciudadano, que es el que prevalece hasta el día de hoy. La formulación legalista del concepto de ciudadanía resulta de una elaboración del concepto de persona jurídica por parte del derecho positivo posterior: el ciudadano es un sujeto de derechos y deberes (jurídicos). Ahora bien, esta definición puramente legalista del ciudadano no sólo debe criticarse por su corto alcance, sino también por su escasa realización política. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga ciertas garantías, pero no contempla mecanismos para que éstas se hagan efectivas por medios legales (sin que esto implique necesariamente, que el Estado tutele el ejercicio de los derechos, sino antes bien, que funja como su facilitador). En esta concepción de la ciudadanía, se garantiza el derecho a hacer algo, pero se deja la organización de este algo por hacer al caótico y libre juego de las fuerzas e intereses sociales. Para poner el ejemplo más nítido: el derecho a la información contemplado en el artículo sexto constitucional está garantizado, pero no existe una ley secundaria que contemple instituciones que lo hagan operativo en la praxis cotidiana (por ejemplo, una Comisión de Arbitraje que defienda al ciudadano de las interferencias indebidas de los medios en su vida privada). El problema jurídico es que, consideradas atentamente las cosas, el juicio de garantías, legitimado por el Derecho de Amparo resulta una forma insuficiente de hacer operativos los derechos, ya que se ubica en el margen de lo legal/ilegal: sólo opera cuando los derechos de los ciudadanos son atropellados por la autoridad estatal, pero no existe otro orden legal que  defienda cuando estos derechos son obstaculizados por la autoridad (sea mediante reglamentos o a partir de actos de corrupción). Claro, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero este órgano carece de poder ejecutorio, sólo puede emitir recomendaciones.

 

Podemos apuntar una hipótesis para la discusión: en México prevalece un concepto meramente legalista del ciudadano, como persona jurídica sujeta a derechos y deberes. Pero existen otras dimensiones conceptuales de la ciudadanía que aquí resulta necesario retomar, para realizar una crítica a la concepción ética subyacente a nuestras instituciones autoritarias. Tomemos el punto de partida más simple: la persona individual. En este ámbito, todos deberíamos tener el legítimo derecho a realizar un proyecto racional de vida orientado por cierta concepción del bien: el espacio político debería garantizar una esfera donde este proyecto pudiera realizarse a plenitud, la política así concebida sería un espacio de libertad y oportunidad. Este proyecto individual no se limita a la realización de transacciones comerciales, sino que se amplía a la participación en organizaciones y en general se abre al ámbito de la cultura, que al ser más amplio que la política (entendida como sistema) se afirma como esfera de la reproducción de un mundo de vida simbólico que debe transcurrir sin interferencias distorsionadoras (sobre todo por parte de la economía y de la política).

 

La realización de un proyecto de vida implica que el ciudadano pueda desarrollar una cierta concepción del bien, que se oriente por valores morales y que permita encarnar virtudes públicas y privadas. Esto resulta en extremo exigente, pero se presenta como necesidad ineludible para evitar que la persona sea engullida por la masa o que el individuo sea arrojado al entorno del sistema. La originalidad de un proyecto de vida consiste en un diseño racional personal con orientaciones vitales propias (valores) y con criterios para evaluar lo bueno y lo no bueno. Pero esto no basta. El proyecto individual es irrealizable en el aislamiento total. Por ello, el ciudadano se enfrenta a la necesidad imperiosa de colaborar con otros ciudadanos bajo un esquema estable y duradero de cooperación social. Para que este esquema de cooperación pueda funcionar, se requiere una comunidad de personas con ciertos significados culturales comunes.

 

Varias dimensiones críticas de la ciudadanía, donde la educación parece tener un papel particularmente relevante, resultan fundamentales para abordar el tema en el contexto del cambio político en México: 1. La dimensión individual, en donde debe darse el desarrollo de la capacidad para concebir un proyecto de vida propio, orientado bajo criterios morales (concepciones del bien) o racionales (principios individuales de justicia). 2. La dimensión social, o de la cooperación societaria, en donde deben desarrollarse valores vinculantes comunes o concepciones de la justicia vinculantes que permitan estabilidad a los esquemas de cooperación. 3. La dimensión cultural, en la cual deben adquirirse significados comunes (tradiciones, usos, valores, pasado -historia- y futuro -proyecto de comunidad-, referentes). 4. La dimensión política, en la cual debe desarrollarse la capacidad para, bajo principios normativos realizar ciertas acciones exigidas por la necesidad de llegar a decisiones que vinculen a la comunidad. 5. La dimensión legal, en donde se nos debe preparar para el ejercicio exigente de nuestros derechos y deberes ciudadanos, sociales e individuales. 6. La dimensión de la autoridad, donde se nos debe preparar tanto para someternos a la autoridad legítimamente reconocida, como para ejercer legítimamente la autoridad.

 

La ciudadanía no se agota en el ejercicio del voto libre y secreto y sería una miseria que así fuera, porque entonces, nos encontraríamos ante un ejercicio ciudadano esporádico (realizado cada tres años) y meramente simbólico (porque el ciudadano ejerce su poder de manera indirecta: eligiendo a sus representantes). El poder ciudadano y la emergencia de la ciudadanía se enfrentan a retos considerables: 1. Los intereses de los monopolios, transnacionales y oligopolios que constantemente pervierten el fin natural de la economía, generando inequidades e iniquidades al interior de los sistema sociales, económico, jurídico, educativo y familiar. 2. Los intereses de los grupos de poder político que buscan ante todo la realización de sus proyectos particulares y no un proyecto amplio de nación que resulte vinculante para una colectividad. 3. Los intereses de los medios de difusión, que informan pero no forman opinión y que en ocasiones ocultan más de lo que dicen. 4. Las patologías sociales que emergen como resultado de una alteración del (bien de) orden social: delincuencia, fármacodependencia, violencia desbordada, intolerancia extrema, racismo, fundamentalismos, radicalismo, irresponsabilidad, etc. 5. Los resultados de un proceso globalizador que, si bien integra comercial, financiera y comunicativamente al mundo, genera nuevos espacios para la consolidación de intereses perversos (narcotráfico, terrorismo, delincuencia de cuello blanco).

 

¿Cómo formar al ciudadano de este siglo? No basta, y esto ya debería estar claro, con transmitir una historia, unos valores y unos mitos comunes: cuando el civismo se reduce a historia patria se forman identidades excluyentes y ciudadanías intolerantes, así como vagos sentimientos patrióticos (patrioterismo), falsa conciencia nacional y falsas identidades (mitologismo), pero no se forma ciudadanía. No basta tampoco con enseñar un esquema rígido de derechos y deberes: cuando la formación ciudadana se reduce a legalismos tenemos un sujeto que puede someterse a coerciones y ejercer de coerciones, pero no un ciudadano solidario y moral, aquí tampoco se forma ciudadanía

 

La ciudadanía comienza desde la relación con la autoridad, y la capacidad para convivir con la autoridad y para desarrollar las potencialidades personales para llegar a ser autoridad (ciertamente aquí puede argumentarse que no todos nacieron para ser líderes); implica la capacidad de desarrollar un proyecto de vida propio, concebido bajo orientaciones privadas del bien; implica la capacidad para llevar este proyecto a su realización bajo un esquema justo de cooperación social, traspasado por sentimientos solidarios y por una cultura del respeto a sí mismo y al otro; implica capacidades para convivir con otros en un espacio público que por ser público es de todos y de ninguno en particular; implica la capacidad para ejercer responsabilidades públicas y virtudes políticas; implica el desarrollo de la capacidad de diálogo y crítica “constructiva” o mejor dicho, propositiva; implica un ejercicio de la libertad sujeto a las restricciones impuestas por la necesaria consideración al otro ciudadano; implica una cultura política común, con referentes normativos comunes y bajo instituciones idealmente justas y que faciliten esquemas de cooperación social justos; implica la solidaridad social, pero también la vigencia de iguales libertades subjetivas para todos y de un esquema de distribución justo: no podemos afirmar nuestra ciudadanía y decir que somos ciudadanos plenos mientras que otros como nosotros queden al margen de las prácticas ciudadanas (e inclusive mueran de hambre todos los días, porque entonces ¿qué tipo de solidaridad social es esta?) ser ciudadanos implica también mirar por el otro, atender a los marginados y ampliar sus oportunidades. ¿Es acaso esta concepción de la ciudadanía demasiado exigente?

 

Creo que una pregunta final puede orientar nuestro debate: ¿qué puede y debe hacer la escuela para formar al ciudadano que México requiere en un entorno social plural (en el que los ciudadanos ejercen y pueden ejercer su derecho de tener diferentes doctrinas religiosas, morales o filosóficas comprehensivas -Rawls-)  y en un entorno mundial globalizado?

 

Javier Brown César

Centro de Estudios Educativos

Febrero de 2000